Si algo merece la admiración general es la obstinada voluntad de los diputados para violentar el orden constitucional y los mínimos requerimientos que impone la ética. Después del revés sufrido en su anterior intento, vuelven a la carga y procuran revivir el proyecto de ley 890 con el que reforman la ley de descentralización para permitir a las autoridades de los gobiernos locales que desempeñaban algún cargo gubernamental al momento de ser electos, que puedan escoger de entre los dos salarios aquél que les resulte más conveniente. Esto a pesar que bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Corte Suprema declaró inconstitucional las licencias con sueldo de los representantes de corregimiento, sus suplentes, además de los alcaldes y vicealcaldes.
El proyecto de marras fue vetado parcialmente por el Presidente de la República, precisamente por considerarlo inconveniente. Esta inconveniencia apuntaba a que, al decantarse por el salario que percibía antes de ser electo y que le resultaba más conveniente, el funcionario en cuestión se acogía a una “licencia sin sueldo” en el puesto en el que desempeñaba, pero lo seguía cobrando merced a lo estipulado en la nueva ley.
Sin embargo, con el cinismo creativo que les caracteriza, los diputados eliminaron el término que motivaba el veto presidencial y lo reemplazaron por una “licencia con sueldo”, a despecho de lo ordenado por la corte que las declaró inconstitucionales en su último pronunciamiento al respecto.
El desprecio que manifiesta la Asamblea Nacional hacia el orden constitucional y hacia los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia, sólo es comparable a la ignorancia que demuestran respecto a la dependencia existente entre la democracia y el sistema legal que hace posible el orden dentro de la misma.
