Las reglas y la institucionalidad
La institucionalidad es el conjunto de reglas formales que regulan y delimitan las actuaciones de las personas de una comunidad o país con el objetivo de maximizar la riqueza y el bienestar social. Este grupo de reglas incluye las leyes, decretos, reglamentos, y hasta las normas informales de carácter ético o moral que orientan la conducta pública y privada. Una sana institucionalidad es un requisito básico para el desarrollo y crecimiento de una nación, porque permite que las políticas públicas y las relaciones entre los ciudadanos, empresas y el estado se desarrollen sobre un sistema de preceptos claros y efectivos.
El constante y marcado declive que sufre la institucionalidad democrática del país, alimenta justificadamente pronósticos nada alentadores. Cada día se acentúa más el resquebrajamiento de las instituciones que alimentan a la democracia: prostituyendo sus intereses primarios y renegando de las funciones que les corresponden, terminan dando la espalda al bienestar de la sociedad en general y arrodillada a los perversos intereses de las élites económicas o políticas enquistadas en los sucesivos gobiernos. Medios de comunicación, asociaciones gremiales y profesionales, sindicatos, sociedad civil: nada parece escapar a este desmoronamiento provocado por el sometimiento a objetivos que nada tienen que ver con el “interés general”.
Es necesario señalar que la institucionalidad no es asunto de exclusiva competencia del Gobierno: corresponde a cada ciudadano establecer un justo equilibrio entre el interés particular y el de las mayorías; y le corresponde, también, tener claro que el “bienestar de todos” prevalece sobre cualquier personalismo.
