Amenazas directas a nuestra economía

Gabriel Soto Martínez, economista y ex-diputado de la República

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La Ley 23 de 27 de abril de 2015 “Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales,  financiamiento  del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, cuya letra y espíritu es dotar de transparencia y mayor confianza al Sistema Financiero Panameño, acorde a su importancia estratégica para el crecimiento y desarrollo económico.

Recuerdo que cuando me desempeñé como presidente de la comisión de economía y finanzas de la Asamblea de Diputados tuve que viajar a Washington,  para participar en sendas reuniones de coordinación bilateral, sobre el “impacto que dicho instrumento legal tendría en el centro financiero y otras actividades económicas y a la vez explicar el proceso legislativo, para que fuese “Ley de la República”.  Pensé que esas sesiones técnicas de trabajo, con representantes del Departamento del Tesoro y del FinCen., respondían a la “debilidad” que para nosotros significa la circulación de una moneda foránea en nuestro país; aunque considero que tener el “Dólar”, es más conveniente que desventajoso.

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En conversaciones con el otrora ministro de economía y finanzas, Dulcidio De La Guardia, esté me explicaba con vehemencia, que el riego subyacente de no aprobar esta ley era la posibilidad de perder las corresponsalías en Estados Unidos, hecho que afectaría, negativamente al sector financiero, llevándolo a su colapso y de allí la prioridad e importancia en su aprobación.

Transcurridos varios años de su aprobación existen algunos aspectos que no están funcionando bien,  fundamentalmente por las característica atípicas de nuestra economía,  por ejemplo la existencia de “Grupos Económicos” en el sector financiero que controlan bancos,  financieras, aseguradoras, fideicomiso,  factoring y leasing etc., que acaparan gran parte del  mercado y que utilizan el “arma de la discrecionalidad”,  en algunos bancos,   en mi opinión  deliberadamente para obstaculizar, dilatar y hasta rechazar, la apertura de cuentas y gestión de servicios, a personas naturales y jurídicas.

En Panamá la Superintendencia Bancaria, debe jugar un papel más beligerante,   y crear un marco regulatorio estricto que no permita el abuso del concepto de la “debida diligencia” de manera tal que estos grupos no utilicen estas herramientas para evitar competidores y nuevos actores en la economía, y de esta forma mejorar las perspectivas económicas y los niveles de empleo en nuestro país.

El título de ese artículo – Amenazas directas a nuestra economía – es un “aldabonazo”, a los “tomadores de decisiones”, de los ámbitos público y privado, pues de continuar la “mala práctica” de ciertos bancos,  aquí expuestas en detalle, se frustrará la posibilidad de crecimiento y desarrollo económico, al menos que se instauren normas legales ágiles y objetivas para todos,  tanto en lo que respecta a la apertura de cuentas, como a la obtención de los servicios bancarios que ofrecen.

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