La fiesta llega a su fin.

La apatía que demuestra el Gobierno de turno con respecto a la crisis del programa de jubilaciones es sólo comparable a su absoluta incapacidad de establecer prioridades y de pasar más allá de la palabrería populista. Luego de tres años de gestión, continúa echando mano del discurso electorero ignorando que está a únicamente dos años de culminar la que tal vez sea recordada como una de las peores administraciones de las últimas décadas.

Todos los hechos apuntan a que los gobernantes actuales pretenden dejar intacto el problema y pasarlo a quienes resulten electos en el 2024, sin importar el daño que tan descomunal irresponsabilidad provoque en el clima social y financiero del país.

Las propuestas no faltan: las hay de todos los colores y de acuerdo a los intereses de los distintos grupos involucrados en el problema. Lo que se echa en falta es la decidida voluntad y la capacidad de quienes gobiernan de sentarse a la mesa con el resto de los participantes y generar las oportunidades y el impulso necesarios para establecer la hoja de ruta que evite el peligroso descalabro que significaría la quiebra del sistema de pensiones.

Seguir posponiendo el problema es un lujo que, a estas alturas, el país no se puede permitir. Ya suenan las alarmas y según advierten los entendidos, las debilidades en la gestión política afecta de manera negativa el perfil crediticio nacional, lo que significa que la fiesta de préstamos puede concluir antes de los dos años que restan al Gobierno.