Finalmente, las afiliaciones políticas pesaron muchísimo más que la institucionalidad a la hora de escoger al nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Cinco de los máximos rectores de la Corte Suprema de Justicia, nombrados por el actual Ejecutivo, se decantaron por dos figuras vinculadas al partido gobernante. Uno de los designados ocupó en el pasado reciente la presidencia de la Comisión de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático y ejerció, también, como alcalde; mientras que el nuevo magistrado suplente fue candidato a diputado por el grupo oficialista y actualmente se desempeña como notario primero en David, en la provincia chiricana.
Si ya con las escandalosas irregularidades de la app utilizada en la recolección de firmas, la institución electoral sufría un creciente menoscabo en la confianza ciudadana, estas nuevas designaciones le asestan un golpe demoledor a la credibilidad de la mencionada entidad, precisamente cuando el país inicia la carrera hacia las próximas elecciones generales.
A juicio de un considerable sector de la ciudadanía, estos nombramientos evidencian la politización de la entidad que debería ser garante de la democracia nacional y, además, ponen en entredicho el equilibrio y la transparencia del próximo torneo electoral. Este nuevo desatino confirma que el desmoronamiento de la institucionalidad de la nación parece no detenerse.
