Descontento subterráneo.

Una de las cuestiones de fondo en las airadas protestas que estremecieron al país recientemente fue, sin duda alguna, la desigualdad imperante en el escenario criollo. Mientras una gran mayoría nacional pasaba, como expresa una popular canción, “el Niágara en bicicleta”, sumida en las graves secuelas de la pandemia; otro gran sector encajado en el gobierno gastaba a manos llenas en una ofensiva cadena de lujos y privilegios, sin ningún tipo de empatía y solidaridad con el resto y totalmente desconectados de la tragedia global y local.

A este grupo de afortunados hay que sumar a los que para cuyo beneficio se crean leyes con la subsiguiente cadena de prebendas. Como el pequeño grupo de inversores turísticos premiados con una serie de beneficios fiscales que significan centenares de millones de dólares que dejarán de ingresar a las arcas estatales en detrimento de las mayorías ciudadanas que sufrirán el desmejoramiento- a falta de fondos- de los pocos servicios que el gobierno les brinda en la actualidad.

Llama poderosamente la atención que la derogación de estas leyes, que prometió el mandatario en el fragor de las protestas, no sea respaldada por la Asamblea Nacional, el ente “representativo de los intereses populares” y una de las instituciones que durante los últimos años más ha contribuido con la desigualdad que colmó la paciencia nacional. Genera suspicacias la vigorosa defensa que hacen los diputados de una ley que han rechazado hasta gremios pertenecientes al sector turístico y resulta por demás irresponsable el servilismo que demuestran al sacrificar el interés general ante el altar de los beneficios escandalosos de una reducida élite.

La desigualdad que encendió la mecha de la convulsión pasada sigue vigente, igual que la profunda insatisfacción de la población en general. No tenerlo presente provocará nuevos y más graves disturbios que resultarán lamentables para todos.

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