Entre las vallas de la impunidad.

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Una saludable ciudadanía descansa sobre la regla que los actos y las decisiones acarrean consecuencias cuya responsabilidad recae sobre el autor. Con esa premisa se ha educado al ser humano generación tras generación. O, por lo menos, así se le educaba hasta hace poco. Porque los precedentes- demasiados, por cierto- ahora caminan en dirección contraria a lo que antes era habitual.

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Y lo anotado resulta más frecuente en la vida pública, donde la impunidad campea a sus anchas abonando el terreno para que florezcan las más absurdas decisiones. Y donde nadie toma responsabilidad por las consecuencias de lo que se decide, como resalta en los hechos ocurridos hace un par de semanas por los predios de la Asamblea Nacional.

Un ciudadano de 78 años de edad que residía en el albergue San Juan Pablo II, ubicado cerca de la Asamblea, murió atragantado mientras desayunaba porque la ambulancia y los paramédicos no pudieron llegar a socorrerle porque lo impidieron las vallas colocadas para “salvaguardar” la integridad de los diputados de la avalancha de protestas que inundaron los alrededores. La Policía desplegó decenas de vallas en torno a las instalaciones legislativas y ahí permanecieron por aproximadamente un mes. Fijadas con cadenas, cerrando los accesos y provocando la muerte de un ciudadano sin que, hasta el día de hoy, se establezcan las responsabilidades del caso.

Mantener prácticamente prisioneros a los adultos de un albergue resulta absurdo. Tan absurdo como mantener una estructura de impunidad que estimula la toma de decisiones que no se detienen a considerar las posibles consecuencias de lo que se hace. Nada debería sorprendernos ya en un país donde la certeza es que quien forme parte del engranaje gubernamental no tendrá que responder por lo que resulte de su gestión. ¡Bienvenidos al reino de la impunidad!

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