Los dueños del caos.

Un puñado de ejecutivos de empresas dedicadas a la importación de medicamentos en Panamá son los que deciden qué, quién, cuánto, cuándo y cómo.

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Dejó de ser un secreto: el millonario negocio de los medicamentos en Panamá, que genera unos 850 millones de dólares en ganancias, está controlado por un puñado de empresas.

Es un grupo pequeño, solo cinco firmas, que además de tener la exclusividad de introducir medicamentos al país son, al mismo tiempo, socios de fabricantes con los que tienen un matrimonio de conveniencia y rentabilidad garantizada.

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ACP

Es una operación impecable; el nivel de importación está blindado; pero, no solo se quedan ahí: ¡lo controlan todo! También son distribuidores locales y vendedores al consumidor: no hay eslabones sueltos en la cadena.

Quizás por eso las ganancias de esos grupos son dos y media veces más que la inversión en un solo año; a pesar de que el resto de los actores en ese escenario (empezando por los pacientes), se sienten prisioneros en un profundo caos.

Quién es quién

Los cinco grupos empresariales son ampliamente conocidos.  Se trata de Compañía Astor, del grupo Arrocha; Grupo CG, de Hasseth; Impa Doel, Droguería Ramón González Revilla y Reprico.

Todos tienen un brazo en el mercado interno que los hace, al mismo tiempo, competidor de sus clientes: una descarada forma de ser juez y parte. Un ejemplo: en 2018, el embajador de Francia en Panamá, Brice Roquefeuil, envió una carta al ministro de Salud de aquel entonces, Miguel Mayo, advirtiéndole que en una licitación de un medicamento para la hipertensión, ninguno de los socios locales de la fabricante francesa SERVIER había sido beneficiado, sino un tercero con el que ellos “no tienen relación certificada”.

Quizás esas son las presiones por las que el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, asegura que “existe una mafia entre los importadores”.

“El Informe Lisinopril”

Es el botón de muestra.  El 4 de diciembre de 2020, la relatora del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Tlaleng Mofokeng, envió a las autoridades panameñas un informe en el que es posible ver la realidad del caos.

Según ese informe, una licitación de 2017 para la compra de lisinopril, es la mayor evidencia de cómo se controla el mercado. Resulta que en octubre de ese año, el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá certificó que el medicamento genérico Lisinopril tableta USP 20mg, con registro sanitario 79269, cumplía con los estándares para obtener un registro sanitario y comercializarse en la República de Panamá.

Lisinopril es recetado para el control de la presión arterial, una de las tres condiciones crónicas que afectan a un tercio de la población panameña. Es un medicamento fabricado en la India y que de acuerdo con la Licitación Pública de Precio Único 01-2017, las empresas Imports Dos Reis S. A e Inversiones Tagore Panamá S.A, que representan al fabricante, ganaron el contrato para suministrar  185 millones, 646 mil 400 tabletas en tres años consecutivos a la Caja de Seguro Social.

Pero el 2 de noviembre de 2017, la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas emitió la resolución 673 que suspendió la comercialización, distribución y uso de Lisinopril en todo el país; el resultado: un dramático y repentino desabastecimiento.

Según “El Informe Lisinopril”, 60 días después de la resolución de Farmacias y Drogas, el 8 de enero de 2018, la CSS -a través de una compra directa- adquirió Perindopril 5mg, basados en la norma de la Ley 51, que faculta a la Junta Directiva autorizar la contratación directa de suministros o equipos para enfrentar enfermedades delicadas, en caso de desabastecimiento. Las conocidas “compras apremiantes”.

¿El proveedor de la emergencia? Uno de los cinco grandes: “Droguería Ramón González Revilla”.  El precio de este proveedor, 50 centésimos cada tableta, era el doble  del que ofreció el segundo proponente de la licitación de 2017; pero, no está claro por qué no se retomó ese acto público o se llamó a uno nuevo, sino que se decidió contratar de a dedo a “Droguería Ramón González Revilla”.

Cómo el medicamento era más caro, la CSS gastó 30 millones de dólares más por año para abastecerse a medias, pues el mecanismo de “compras apremiantes” obliga a que las cantidades adquiridas sean discretas. En total, se desembolsaron 123 millones de dólares en lugar de los 25.8 que se habrían gastado según el acto público de 2017.

El informe asegura que el Estado benefició directamente a “Droguería Ramón González Revilla”; que, además, tenía en sus manos el mercado privado, pues la resolución 673 siguió en pie. Es decir, el Estado despejó el mercado de competencias para este proveedor, le compró el medicamento más caro e insuficiente para atender la demanda. Con ganancias en el sector privado de entre 25% y 40%, y 7% en las compras estatales, “Droguería Ramón González Revilla” era la única opción para 115 mil pacientes.

El 2 de abril de 2019, Farmacias y Drogas retiró la suspensión del uso de Lisinopril, una medida que admiten se originó por un error involuntario de digitalización en los documentos del trámite de registro sanitario, pero que nunca afectó la calidad del medicamento. No obstante, a finales de 2020, la CSS aún no lograba materializar la compra de 2017 y seguía gastando 41 millones de dólares extra por año en “compras apremiantes” a “Droguería Ramón González Revilla”, sin duda uno de los beneficiados con el caos.

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1 COMENTARIO

  1. No solamente hay que quedarse de las mafias. Hay que presionar al gobierno para que quite esos contratos y busque a otras personas que no vayan a robar..
    Talvez ud.mismo

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