Gasolina al fuego.

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Al igual que la de un sindicato, la función primordial de una cámara de comercio es velar y defender los intereses de quienes la integran. Y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) no es la excepción. Fundada el 17 de mayo de 1915, esta agrupación nacional consta de más de mil 600 empresas de unos 15 sectores de la economía nacional como el agropecuario, de alimentación, construcción, banca, turismo y el de salud, por mencionar algunos. La CCIAP, como anota en su propia página web, entre los distintos servicios que brinda a sus asociados ubica en el primer lugar de la lista “la defensa de los intereses privados de los miembros frente a medidas que afecten el principio de la libertad de empresa y la iniciativa privada”. Palabras que se traducen en lucha frontal y en asumir posiciones de principio en contra de todo lo que signifique una alteración o manipulación de las normas y procesos en las actividades propias de los agremiados.

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Rincón de Lupe

Este postulado no se corresponde, sin embargo, con una actitud de reciprocidad dentro de la sociedad en la que dicha cámara actúa; porque resulta a todas luces contradictorio que mientras por una parte rechaza toda injerencia que atente contra la libre empresa, por la otra, permanezca indiferente a las manipulaciones ejercidas por ciertos sectores de sus integrantes cuyas actuaciones han llevado a graves distorsiones en algunos sensitivos mercados nacionales.

En uno de sus últimos documentos hecho público, el gremio empresarial “amenaza” veladamente al país si no cede a sus exigencias respecto a su ingreso a la mesa única de negociación, surgida luego de semanas de masivas protestas en contra- entre otras causas- del oligopolio en el renglón de los medicamentos con el cual un reducido número de empresas lucra descomunalmente a costa de los usuarios, que pagan precios que superan con creces los imperantes en mercados vecinos.

Responder con amenazas a las exigencias ciudadanas – entre las que destaca la de medicamentos baratos en un mercado equitativo, de libre y abierta competencia- no es la actitud más inteligente ni resulta oportuna en el presente escenario, tan inestable y volátil. La credibilidad de la Cámara depende de la prudencia y la capacidad que demuestre para equilibrar los intereses gremiales con los de la ciudadanía. Y defender el criminal despojo llevado a cabo por algunos grupos miembros y contra el que se ha levantado una significativa mayoría, además de atentar contra sus principios fundacionales, abona aún más el descontento masivo que se refleja en sus números rojos.

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