En medio del brote de descontento social en Panamá, los reclamos contra la corrupción son agobiantes; y, en la lista de quejas, los diputados de la Asamblea Nacional llevan la delantera.
Los parlamentarios se han convertido en una suerte de casta privilegiada que goza de una serie de beneficios a los que se le encuentra poca lógica. Por ejemplo: cada diputado recibe mensualmente 7 mil dólares, pero su salario es apenas la modesta suma de 1,800. Los otros $5,200 se desglosan en 3,200 de “gastos de representación”, otros 1000 para “combustible”, y mil dólares más en concepto de “dietas” por la participación en las comisiones legislativas a las que acuden como parte de su labor parlamentaria.
A esa lista se le suma una serie de exoneraciones de impuestos y la posibilidad de acceder a millonarios fondos para nombramientos: se calcula que anualmente son unos 100 millones de dólares.
Planillas que crecen solas.
Ese dinero se presupuesta a través de las conocidas planillas 080, 002 y 172 de la Asamblea. Cada una asigna millones de dólares en personal “transitorio”, cuyas funciones resultan cada vez menos claras. Las explicaciones, auditorías y la información al respecto del uso de estos dineros son casi inexistentes.
Pero no siempre han tenido una asignación tan generosa de fondos. “A nosotros nos daban 4 mil dólares para nombrar todo el personal”, cuenta el exlegislador Camilo Brenes, que representó al circuito 4-1 de Chiriquí entre 1990 y 1994. “Con ese dinero debíamos designar el personal para atender las oficinas en la Asamblea y en nuestros circuitos”, explica Brenes.
En 2014, esa suma para nombramientos creció de 4 a 30 mil dólares para cada diputado. Reportes basados en información de la Contraloría General de la República, dan cuenta de que la planilla 172, reservada para contratación de “servicios especiales”, ha ido creciendo de 300 mil dólares en 2014 hasta alrededor de 100 millones en 2022.
Reelección, la palabra clave
¿Cómo se explica ese crecimiento? ¿Qué hace el personal que se nombra con esos fondos? ¿Por qué casi ningún diputado habla de su eliminación? La clave de la respuesta parece estar en una sola palabra: “reelección”.
Todo indica que con los fondos de estas planillas se están financiando activistas de campaña. Al menos eso piensa el ex subcontralor de la República, José De los Santos Chen Barría: “Esos son los activistas de cada diputado en su circuito, son los que van a promover que ese político se reelija”, dice el también docente universitario, al tiempo que señala: “el contralor (actual) lo sabe” …
Para los diputados reelegirse ha sido siempre un tema principal en la agenda. El asunto es que el peligro de parecer desconectado de la comunidad desde una curul en la Asamblea es alto. De ahí que la necesidad de hacerse notar entre sus electores les ha preocupado siempre.
Un poco de historia
Antes del golpe militar de 1968 y la posterior dictadura que instauró Omar Torrijos, los diputados tenían la posibilidad de proponer la inclusión en el presupuesto de la nación, de las obras o la inversión pública que determinaban necesarias para las comunidades de sus electores. Tras el golpe, la Asamblea se disolvió y cuando Torrijos se hace con el control del país crea “La Asamblea de Representantes de Corregimientos”.
Este nuevo legislativo, lógicamente se enfocó en resolver temas comunitarios. La realidad de una dictadura no deja espacios a parlamentos independientes que fiscalicen y propongan. Pero en 1984, tras la muerte de Torrijos y una reforma constitucional, se reabrió la Asamblea y pronto los integrantes de entonces, llamados “legisladores”, idearon la figura de la “partida circuital”; una estrategia “para que el legislador se viera en su comunidad”, planteó en su momento el proponente Ovidio Díaz. Es decir, “se viera” elevando sus posibilidades de reelegirse.
Sin embargo, después de la invasión a Panamá que acabó con la dictadura, se destaparon una serie de escándalos relacionados al uso de estos fondos. “Entre 1990 y 1994, no se utilizaron partidas circuitales”, aclaró el ex subcontralor Chen Barría. Pero, al final de ese periodo se aprobó una nueva norma que le dio vida al esquema que ya antes había servido para la corrupción.
Todo volvió a empezar por la asignación de fondos para proyectos en las comunidades: una relación inocente en la que ningún parlamentario tenía acceso a los fondos; su papel era de proyección como agente de gestión, pero en algún momento entre 1993 y 1998 eso cambió a la entrega de fondos directos al legislador.
Tanto fue así que entre los lemas de la campaña de Mireya Moscoso a la Presidencia de la República, en 1999, figuraba la eliminación de las partidas circuitales. Moscoso ganó las elecciones, pero en la Asamblea resultó electa una mayoría adversa al nuevo gobierno. Por lo que semanas antes de entregar el poder, el legislador del PRD, Gerardo González, para entonces presidente de ese Órgano del Estado, propuso una ley para que la Asamblea administrara su propio presupuesto, incluyendo las partidas circuitales. Esto porque la bancada de su partido era la mayor de la Asamblea y les parecía garantizado el control del parlamento y ahora el manejo del presupuesto.
Sin embargo, la historia fue otra: al inicio del nuevo periodo constitucional, en septiembre de 1999, el PRD no controló la Asamblea y Moscoso no eliminó las partidas circuitales. La nueva presidenta logró una mayoría legislativa, favorable a su gestión, por apenas un voto de diferencia.
Esa frágil mayoría no resistió mucho. Un año después, Laurentino Cortizo se convirtió en presidente de la Asamblea, encabezando un pacto de partidos en oposición, quedando en control del presupuesto y las partidas. Pero Moscoso no se quedó de brazos cruzados y, en 2002, recortó 49.6 millones de dólares al presupuesto de la Asamblea, de los cuales 38 millones eran de la partida circuital, que se convirtió en un arma de negociación y extorsión de ida y vuelta entre Legislativo y Ejecutivo.
De partida circuital a planilla millonaria
Ese desgaste entre figuras de la clase política terminó con una reforma constitucional en 2004, que cambió el nombre a la Asamblea y a sus miembros: volvieron a llamarse diputados. Ese refrescamiento de imagen incluyó que los dineros de las partidas circuitales se manejaran a través del Fondo de Inversión Social (FIS), creándose uno de los más dramáticos escándalos de corrupción en el que el FIS, una oficina en la Presidencia de la República, pasó a ser un brazo ejecutor de las inversiones de los diputados de cara a incrementar sus posibilidades de reelección utilizando fondos públicos.
Entre 2009 y 2014, el desprestigio del FIS obligó a cambiar el nombre de la institución, pero no el esquema de utilización de fondos. Se creó el Programa de Ayuda Nacional (PAN), que al igual que su antecesor no era más que un apéndice de las oficinas de campaña de los diputados en sus aspiraciones reeleccionistas. Solo que ahora había mucho más dinero y el Ejecutivo participaba más activamente en la operación mercantilista que, en esta ocasión, incluyó también algunas juntas comunales y alcaldías.
Así que, en 2014, había que cambiar la estrategia. Ante el desgaste de imagen de la Asamblea, los diputados y las “partidas”, estas evolucionan a lo que hoy son millonarias planillas para nombramientos de “promotores deportivos y comunitarios, trabajadores manuales y comunales”, en las poblaciones de cada circuito. Una estructura que hereda la función de servir como el vehículo para la desviación de fondos públicos hacia campañas electorales.
