Al sustentar su postura, el mandatario advirtió que se hicieron numerosas observaciones en el análisis del documento, provenientes de los ministerios de Comercio y Economía y Finanzas, además de la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria de Panamá, la Asociación Bancaria de Panamá, e incluso, el Tribunal Electoral y la Procuraduría de la Administración, las cuales consideró para vetar parcialmente el proyecto.
En mayo pasado, el Presidente ya había anunciado que vetaría el proyecto propuesto por el diputado independiente Gabriel Silva, señalando que «si la ley tiene cláusulas relacionadas con actividades de lavado de dinero».
Al respecto, el diputado proponente se quejó de la decisión presidencial, y señaló que estudiará los señalamientos en el veto de Cortizo para hacer los correctivos y replantear la propuesta en el pleno de la Asamblea Nacional.
«Creo que esto es un retroceso grave para el país, es una oportunidad perdida para generar empleos, atraer inversión e incorporar tecnología e innovación en el sector público. El país merece más oportunidades y también inclusión financiera», indicó Silva en su cuenta de twitter.
Ahora, el proyecto 697 tendrá que ser visto en dos comisiones diferentes: la de Gobierno, en donde se tratará lo relacionado con los sesgos de inconstitucionalidad encontrados por el Ejecutivo, y en la comisión legislativa de Comercio, donde se tocará la inconveniencia advertida por el Presidente.
El proyecto regresará al pleno legislativo, para recibir segundo y tercer debate, solo en los puntos objetados por el mandatario panameño.
