Las jaurías y el despojo.

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Ya resulta parte de una tradición poderosamente arraigada que América Latina resulte a la cabeza de la corrupción. Cálculos conservadores estiman el costo de la misma en los 220 mil millones anuales. Y con la irrupción de la pandemia, la situación no hizo sino empeorar: la crisis sanitaria abrió las puertas para que en los últimos dos años se multiplicaran las irregularidades y continuara el atraco de los bienes públicos.

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Rincón de Lupe

A la corruptela de siempre se sumaron nuevas variantes tales como sobreprecios en las compras de aparatos y otros insumos sanitarios; la vacunación de personajes políticos y allegados pasando por encima de procedimientos y prioridades establecidas; las compras a precios exorbitantes de equipos hospitalarios defectuosos; y, la cereza del pastel: el uso de cientos de miles de millones para la compra de vacunas en un proceso tan oscuro que, hasta la fecha, no se rinde cuentas del mismo. Según algunas estimaciones, el costo de la corrupción en este período pandémico asciende a 2.6 billones de dólares y, a juicio de la CEPAL, corresponde a más del doble de lo requerido para ofrecer un ingreso básico a todas las personas de América Latina y el Caribe que viven inmersos en la pobreza.

En un intento por enderezar el camino echando mano a los recursos que la tecnología facilita, países como Uruguay, Brasil y Colombia despliegan esfuerzos en busca de mayor transparencia y control de los procesos administrativos. Dentro de este panorama brilla Panamá, no sólo por ir siempre a la zaga sino, también, caminando a contravía. Con la excusa de la pandemia y los desastres naturales registrados en los últimos dos años, el proyecto de ley 650, que dicta disposiciones en las contrataciones menores en municipios, juntas comunales y consejos provinciales, establece nuevos procedimientos para contratos que no excedan los 50 mil dólares, flexibilizando las normas de la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas. A juicio del procurador de la Administración, se introducen elementos de discrecionalidad, subjetividad o conflictos de interés porque no establece claramente los requisitos para acogerse a la excepcionalidad en los procedimientos de compras menores aludidas.

Mientras en otras latitudes se apunta a perfeccionar, digitalizar y fortalecer las normas para cerrar las puertas a las irregularidades, por acá los esfuerzos corren en sentido contrario. Se echan por tierra los controles facilitando el asalto de la corrupción a la siniestra jauría que ha pelechado con los grifos abiertos indiscriminadamente por la pandemia, los desastres naturales y por funcionarios alcahuetes ante el despojo nacional.

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