Indicó que esta morosidad se tiene calculada en más de cinco millones de dólares, situación que mantiene a la empresa en constantes operativos para dar con las personas que utilizan de forma dolosa estas rutas de tránsito rápido.
Zambrano precisó que las cámaras instaladas en las casetas de cobro de peaje muestran cómo estas personas eluden las barreras de paso, e incluso, pasan a velocidad para destruirlas, con lo cual, están dañando propiedad del Estado, exponiéndose a una sanción penal y administrativa.
«Romper las barreras a propósito conlleva un proceso penal, por destrucción de propiedad del Estado, y civil, por el daño que producen a la sociedad en general que no puede usar correctamente los corredores, por culpa de estas personas inescrupulosas», indicó el gerente de cobros de ENA.
