La audiencia que comenzó el 14 de marzo fue llevada por la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, en donde se pide llamamiento a juicio para todos los señalados, por perjudicar económicamente al Estado, a través de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
Esta investigación, conocida como compensación de «diablos rojos», inició con una serie de denuncias interpuestas por varias personas, en torno a posibles irregularidades que se estaban dando en las cancelaciones y reasignaciones de los certificados de operación, que traía consigo un perjuicio económico a la Administración Pública, dentro del proceso que dio principio, como parte de la modernización del sistema de transporte.
Igualmente, se practicaron una cantidad considerable de inspecciones oculares a varias entidades y diligencias de campo.
En este caso, se otorgó una prórroga de 2 años para continuar la investigación, ya que es un expediente que cuenta con más de 600 tomos en la actualidad, consistente entre otras probanzas, de más de 600 expedientes administrativos contentivos de certificados de operación, objeto de análisis.
El juez de la causa decidió acogerse a los términos establecidos por la Ley, para decidir si procede o no el llamamiento a juicio de los implicados, a petición del Ministerio Público
