Naciones Unidas ha podido documentar 5.264 víctimas civiles, entre ellas 2.345 muertos. De estas víctimas, más del 92 por ciento corresponden a territorios controlados por las autoridades ucranianas, según este recuento, elaborado de forma independiente al que ofrecen cada una de las partes.

Las cifras reales, sin embargo, serían «mucho mayores», en la medida en que aún no han salido a la luz «horrores perpetrados en zonas de intensos combates, como Mariúpol», según Bachelet, que ha puesto como ejemplo de los abusos la situación en localidades cercanas a Kiev que durante semanas estuvieron controladas por los rusos.

Sólo en Bucha, el personal de la ONU ha documentado la muerte de unos 50 civiles, víctimas en algunos casos de ejecuciones sumarias. «Prácticamente todos los vecinos de Bucha con los que hablaron nuestros compañeros contaron la muerte de un familiar, u n vecino o incluso un extraño», ha dicho Bachelet este viernes.

Pero lo de Bucha, ha añadido, «no es un incidente aislado». Su oficina ha recogido más de 300 denuncias de asesinato en las regiones de Kiev, Chernígov, Járkov y Sumy, todas ellas bajo control de las fuerzas rusas entre finales de febrero y principios de marzo.

Además, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también ha constatado ataques indiscriminados sobre zonas pobladas, hospitales, escuelas y otras infraestructuras civiles, lo que equivaldría igualmente a crímenes de guerra.

Bachelet ha puesto como ejemplo del «fracaso» a la hora de respetar el Derecho Internacional el bombardeo perpetrado por Rusia el 8 de abril sobre una estación de tren de Kramatorsk y que dejó unos 60 civiles muertos. En este incidente, se utilizaron bombas de racimo, un arma prohibida por su carácter indiscriminado.

Efectos colaterales

La ONU observa con preocupación las otras derivadas del conflicto, sus efectos en derechos básicos como la salud, ya que más de un centenar de instalaciones médicas han sido atacadas desde que Rusia lanzó el 24 de febrero su invasión sobre Ucrania.

«Calculamos que al menos 3.000 civiles han muerto porque no podían recibir atención médica o por los efectos de las hostilidades en su salud», ha dicho Bachelet, que ha incluido dentro de este recuento a quienes se han visto obligadas a permanecer en refugios o no han podido abandonar su casa durante semanas.

Asimismo, también habría aumentado la violencia sexual –el Alto Comisionado ha recibido por el momento 75 denuncias, la mayoría correspondientes a la región de Kiev–, mientras que la detención de civiles sería ya una práctica generalizada y afectaría a periodistas, activistas y defensores de Derechos Humanos.

Bachelet ha enfatizado que la sucesión de abusos demuestran que «esta guerra sin sentido debe parar», pero al menos pide que, si siguen los combates, sea con estricto apego al Derecho Internacional, para lo cual las partes deben dar «claras instrucciones» a sus tropas y advertir de que no habrá impunidad.

«Esto implica distinguir entre objetivos civiles y militares. No atacar o matar deliberadamente a civiles. No cometer violencia sexual. Que las personas, también los prisioneros de guerra, no sean torturados», ha repasado la expresidenta chilena.