No son los vacíos

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Rincón de Lupe

Que para llevar a cabo un referendo con el cual revocarle el mandato a un funcionario probadamente incompetente se exija reunir 198 mil 920 firmas resulta bufonesco, por su extremada cuota de absurdo y extravagancia. Y el hecho adquiere ribetes de burla contra quienes habitan en la comuna porque para aprobar el proyecto del nuevo Mercado de Mariscos -cuyo costo bordea los 43 millones de dólares-, el personaje cuestionado sólo tuvo que contar con la firma de 25 asistentes a una “consulta” de dudosa legitimidad. Recientemente, un grupo de personas pertenecientes a una red ciudadana manifestó que esta revocatoria de mandato nace por la falta de transparencia, de consulta pública, y debido a las irregularidades administrativas y al manejo del presupuesto que deja mucho que desear de la labor del alcalde impugnado.

Pero, estas lacras y falencias no son exclusivas de la mencionada institución: durante las últimas décadas se han constituido en el eje que mueve la maquinaria y los procesos gubernamentales. Porque este mismo eje de irregularidades movió hace poco tiempo la aprobación de una ley que permite, en una universidad nacional, la reelección de alguien bajo cuyo mandato se ha montado un interminable festival de corrupción donde destacan los tintes de corrupción y los malos manejos, lo cual no impidió la promulgación de la vergonzosa norma a pesar de las denuncias y las copiosas evidencias.

El pasado 26 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate un proyecto de ley que- en teoría- pretende erradicar el conflicto de interés en el sector público. El mismo obligaría a una serie de funcionarios de alto perfil a presentar una declaración jurada de intereses particulares en la que reportarían actividades profesionales, financieras, laborales, económicas, gremiales y personales, entre otras. Como uno de los principales garantes de los resultados prácticos de esta ley, figura la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), una institución que ha demostrado hasta la saciedad su carácter puramente decorativo, cuando no resulta ser invisible o una simple agencia de viajes para el disfrute particular de quien la dirige en el momento.

Mientras los funcionarios ni siquiera presentan una declaración jurada de bienes patrimoniales- que sería un primer paso en contra de la corrupción imperante- abrigar esperanzas con esta nueva legislación es pecar de ingenuos. No es la abundancia de leyes la que garantiza el correcto funcionamiento de una sociedad, sino la firme e inclaudicable voluntad de cumplir con las existentes. La historia local ha proporcionado pruebas insoslayables que la descomposición nacional no tiene sus orígenes en vacíos legales o ausencia de normas: el naufragio del país lo ha provocado esa alergia atávica a cumplir estrictamente con las reglas en uso.

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