«Las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos han esperado durante mucho tiempo que se haga justicia y esta decisión representa un doloroso retroceso para ellas», han dicho, según recoge un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En este sentido, el grupo de expertos ha señalado que «la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un grave golpe a la justicia y al estado de derecho, así como una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias».
«Parece ser (esta decisión) inconsistente con los estándares internacionales de Derechos Humanos que restringen el uso del indulto en casos que involucran crímenes de lesa humanidad», han apuntado, agregando que «solo las enfermedades terminales de resolución inminente pueden dar lugar a la concesión de indultos».
Fujimori recibió el indulto humanitario por su delicado estado de salud en diciembre de 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en lo que fue un intento desesperado por evitar los votos del partido peruano Fuerza Popular en la moción de censura que se presentó contra él por corrupción.
«En estos casos, los Estados deben garantizar el derecho a la salud a través de prestaciones médicas ofrecidas en las prisiones, o facilitando el traslado a centros médicos especializados», han señalado los expertos de Derechos Humanos de la ONU, calificando las condiciones de salud de Fujimori como «adecuadas» en la prisión de Barbadillo.
El perdón concedido en diciembre de 2017 fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para la cual no cabe indulto humanitario al tratarse de delitos de lesa humanidad.
A su vez, en el fallo del juez Supremo Hugo Núñez Julca también se hizo mención a las irregularidades que Kuczynski cometió al otorgar el indulto al expresidente, con su hijo Kenji Fujimori y otros congresistas de Fuerza Popular medrando en esa operación.
«La comunidad internacional reconoce la necesidad de restringir el uso de los beneficios procesales que favorecen a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos para que esto no tenga el efecto de hacer ilusoria la justicia penal y minar la confianza de las víctimas y de la sociedad en el Estado de Derecho y en las instituciones de Gobierno», han zanjado los expertos de la ONU.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha trasladado su «preocupación» ante la decisión del Tribunal Constitucional, pues considera que «afecta el derecho a la justicia de las víctimas».
El organismo señaló la pasada semana que esta decisión del Constitucional peruano «obstaculiza» el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la CIDH en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, en el marco de los que Fujimori ha sido sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
