Las mordazas cabalgan nuevamente

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China marcó la pauta desde inicios de la pandemia: puso en el punto de mira a todos los ciudadanos, periodistas y profesionales de la salud que intentaron alertar o informar sobre el brote de la que entonces era una enfermedad desconocida y que se expandía rápidamente desde el mercado mayorista de mariscos en Wuhan. Entre esos casos destaca el de la periodista y abogada Zhang Zhan, que viajó hasta allí en marzo del 2020 para informar acerca de las detenciones en contra de periodistas y sobre el acoso al que estaban sometiendo a las familias de las víctimas del virus. Desapareció el 14 de mayo de ese mismo año y unos días después reapareció detenida en una cárcel de Shangai, a cientos de kilómetros de Wuhan, acusada de provocar alborotos y crear problemas: fue condenada a cuatro años de prisión.

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Rincón de Lupe

Y, al igual que China, otros muchos países aprovecharon la coyuntura del nuevo coronavirus para apretar las tuercas y restringir derechos y libertades ciudadanas cubriéndose, de paso, de las críticas provocadas por la mala gestión sanitaria y por la corrupción y los desmanes administrativos surgidos durante y aún antes de la crisis sanitaria. Tanzania, Rusia y- por los predios cercanos- Nicaragua y más recientemente Colombia figuran en esa lista infame.

Escudándose en la Covid-19, el gobierno de Nicaragua impuso en octubre de 2020 la “Ley Especial de Ciberdelitos” que la oposición califica de ley mordaza y mediante la cual las autoridades buscan castigar con penas de cárcel a quienes ellos consideren que difunden noticias falsas en las redes o en los medios de comunicación. Colombia, por su parte, busca establecer una ley anticorrupción donde se incluye un artículo que propone penas de cárcel de hasta diez años y multas millonarias contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios.

Todo este panorama resulta inquietante para Rajat Khosla, director general de Investigación, Incidencia y Política de Amnistía Internacional, quien advierte que “las restricciones sobre la libertad de expresión relacionadas con la COVID-19 no son simples medidas extraordinarias de duración determinada para enfrentar a una crisis temporal, sino que forman parte de una ofensiva contra los derechos humanos que se ha vivido en todo el mundo durante los últimos años. Los gobiernos han encontrado otra excusa para intensificar su ataque contra la sociedad civil”.

Una inquietud que todos deberíamos compartir puesto que la historia latinoamericana del último medio siglo no deja lugar a dudas sobre el destino y la función final de estas normas: perseguir y silenciar a todo el que denuncie u opine distinto a los poderes de facto. Una nueva bestia apocalíptica hace resonar sus cascos por los desolados parajes del subcontinente.

 

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