Los obispos franceses pidieron este lunes al papa Francisco que les ayude a gestionar los casos de pederastia «enviándoles a alguien» de confianza para «examinar» cómo atienden a las víctimas, anunció su jefe Éric de Moulins-Beaufort.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa realizó estas declaraciones durante el discurso de clausura de la reunión anual de prelados en Lourdes (sur), protagonizada por el demoledor informe sobre agresiones sexuales a menores en Francia.
«Hemos decidido juntos pedir al papa, ya que él nos ha nombrado, que nos ayude a examinar cómo hemos atendido y atendemos a las víctimas y a sus agresores, enviándonos a alguien de confianza», declaró ante los cerca de 120 obispos.
Los responsables diocesanos han consagrado parte de su reunión iniciada el martes al informe de una comisión independiente que estimó en más de 216 mil el número de menores agredidos sexualmente por sacerdotes y religiosos en Francia entre 1950 y 2020.
El viernes, los obispos franceses reconocieron la «responsabilidad institucional» de la Iglesia y la «dimensión sistémica» de estas agresiones, en la línea de lo propuesto por la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase).
Entre sus 45 recomendaciones, esta comisión urgió en octubre a la Iglesia a reconocer su responsabilidad «sistémica», social y civil en los hechos y a poner en marcha dispositivos de reconocimiento a las víctimas como ceremonias públicas, misas o memoriales.
Para financiar las indemnizaciones a las víctimas, llamó a descartar las donaciones de los fieles y hacerlo en cambio «a partir del patrimonio de los agresores y de la Iglesia de Francia», una cuestión abordada también por los obispos durante el fin de semana.
«Transmitimos al Santo Padre, tras haberlas trabajado un poco, las recomendaciones de la Ciase, que afectan a la Iglesia universal, especialmente al derecho canónico», agregó De Moulins-Beaufort, sin precisar el contenido de las resoluciones adoptadas.
El presidente de la Conferencia Episcopal avanzó no obstante que decidieron crear una serie de grupos de trabajo, liderados por un laico, sobre la «gobernanza diocesana o nacional», los cuales deberán presentar propuestas concretas.
Tras la publicación del informe en octubre, la polémica continuó tras unas controvertidas declaraciones del episcopado asegurando que el secreto de confesión está por encima de la ley, incluso en caso de abusos a menores. Otro de los temas sensibles es cómo financiar las eventuales indemnizaciones.
El viernes, De Moulins-Beaufort aseguró, tras reconocer la responsabilidad «institucional» de la Iglesia, que esto implica «un deber de justicia y de reparación», pero, durante su discurso final, no detalló en qué consistirá.
