El sueño de un Panamá sin corrupción se inicia con nuevas leyes

El objetivo es crear las condiciones para realizar transacciones internacionales transparentes en el mundo y poder atraer inversión extranjera.

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Panamá está buscando la manera de limpiar su nombre internacionalmente. Foto: Unsplash.com/Darren Miller

Panamá está intentando liberarse o minimizar lo más posible el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

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La nueva ley aprobada llega un mes después de las revelaciones periodísticas surgidas de la investigación conocida como ‘Pandora Papers’, sobre la inscripción de cuentas ‘offshore’ en ese y otros países considerados como paraísos fiscales.

Fue precisamente hace un mes, cuando el ministro de Economía y Finanzas, presentó el proyecto ley 624, ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, bajo la premisa de asegurar el fiel cumplimiento de los estándares internacionales que permitan mejorar nuestras calificaciones ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Además de implementar elementos del Plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de manera exitosa y eficiente, como paso importante para salir de las listas discriminatorias.

Cambios

Entre las modificaciones a lo existente está la de obligación principal de la Ley 52 para garantizar que las personas jurídicas que realicen operaciones fuera del territorio nacional lleven sus registros contables y remitan, de manera anualizada a sus residentes, copia de los mismos. También busca establecer un régimen sancionatorio disuasorio y proporcional a fin de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones principales de la Ley.

Y es que la GAFI y la OCDE, categorizan la identificación del beneficiario final como un paso prioritario dentro de la debida diligencia de cualquier sujeto obligado y actualmente el marco normativo de la legislación panameña no contempla una definición clara del beneficiario final por parte de los sujetos obligados.

Las nuevas opciones que está buscando Panamá para atraer inversionistas y mantener los viejos, es solicitar una reevaluación por parte del Foro Global de la OCDE para ser calificados como Altamente Cumplidor en materia de intercambio de información tributaria a requerimiento y así darles seguridad a todas las partes.

Para expertos económicos es de vital importancia que se fortalezca el sistema de prevención en temas de visión de corrupción internacional, lo que apoyará al país a ser excluido eventualmente de la lista negra de jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales, emitida por la Unión Europea y avances sustanciales para una eventual salida de la Lista Gris de GAFI y Lista de Blanqueo de la Unión Europea.

“Es importante que las autoridades busquen mecanismos para comenzar a proteger al país de tanta corrupción. No son nombres de personas individuales las que salen a relucir en las listas donde nadie quiere estar o en informes internacionales, sale el nombre del país, dejando una mala impresión y desconfianza ante nuevos inversionistas”, sostuvo el analista financiero Carlos Pérez.

Modificaciones

Son 48 artículos en donde el actual Gobierno ha propuesto mejorar, además de la imagen, la seguridad para realizar transacciones internacionales. De esos artículos, se modifican cinco leyes.

La primera es la Ley 23 de 27 de abril de 2015, “que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”.

Además de la Ley 51 de 27 de octubre de 2016, “que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otras disposiciones”.

Se cuenta la Ley 52 de 27 de octubre de 2016, “que establece la obligación de mantener nuestros registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones

También la Ley 124 de 7 de enero de 2020, “que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones”;

Finalmente está la modificación a la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, “que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas”.

Además de las modificaciones con la nueva ley aprobada, se derogó la Ley 2 de 1 de febrero de 2011, que regula las medidas para conocer cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.

Objetivo

Crear las condiciones para realizar transacciones internacionales transparentes en el mundo y poder atraer inversión extranjera.

“En papel, todo es muy bonito, pero lo que realmente va a importar es cómo y cuándo se ponga en práctica y de manera eficaz para que realmente Panamá pueda ser visto internacionalmente con un país de tránsito libre y sobre todo lugar de inversión extranjera muy confiable”, puntualizó Pérez.

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