El poder atonta y desorienta

0

Hace solamente siete días en esta misma columna de opinión, publique el artículo “LA TRANSPARENCIA, UN APOSTOLADO DE TODO GOBIERNO”, haciendo referencia a la importancia que representa para todo gobierno desarrollar su gestión en claro apego a la Constitución, la ley y las buenas prácticas que lo diferencien del anterior.

Esta misma semana dos escándalos nuevos se suman a la colección del Gobierno del Presidente Laurentino Cortizo Cohen. El Primero de ellos, tiene que ver con unas “ayudas” otorgadas a altos funcionarios del gobierno, por parte de IFARHU para unas becas en grado de Maestría, que han sido criticadas fuertemente por la sociedad, por el hecho de que los merecedores son altos funcionarios con salarios de B/.7,000.00 mensuales dentro de la cosa pública.

Publicidad
Rincón de Lupe

La explicación que han dado públicamente es que “es legal pero no moral”, que han sido buenos estudiantes, y que han sabido sacar provecho a las horas de estudio pagadas por las becas en cuestión.

El Segundo escándalo, fue que altos funcionarios de la Caja de Seguro Social viajaron a los Estado Unidos a un Centro de Procesamiento de Cannabis para uso Medicinal, muchos se preguntaran ¿qué tiene que ver de malo?

Lo que ocurre es que en estos momentos la Asamblea Nacional se encuentra debatiendo en segundo debate, la legalización del Cannabis para uso Medicinal.

Lo que abriría un mercado interesante para muchas comerciantes que verían ese escenario óptimo para ser explotado.

Los funcionarios confundieron a la población haciendo ver que el viaje, había sido pagado por una Universidad que los había invitado, pero luego salió una empresa interesada en esa área de comercialización, que habían pagado los gastos en su totalidad de los funcionarios.

Lo que se enmarca en el Artículo 39 del Decreto Ejecutivo No. 246 (De 15 de diciembre de 2004), “Por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central”, publicado en la Gaceta Oficial No. 25199, de 20 de Diciembre de 2004, que contempla lo siguiente:

“ARTÍCULO 39: CONFLICTO DE INTERESES.

A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el servidor público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo.

Tampoco puede dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones”.

Comprendemos que habrán sectores empresariales que buscaran alcanzar el Monopolio de este nuevo producto, pero la función de los servidores públicos están basadas en normas vigentes que están claramente definidas, y que no permiten actuaciones que puedan reñir con su desempeño como empleados del Estado panameño.

Lo delicado de todo esto, es que los recurrentes bullicios ocasionados por servidores públicos, no terminan y eso que tan solo han trascurrido algo más de 2 años de gobierno.

Al Presidente de la República parece no importarle estos picos que reflejan una indiferencia a las rechiflas y abucheos de la sociedad que desaprueban estos actos.

Como hemos expresado anteriormente, los servidores públicos deben actuar en claro apego a las normas que los rigen, y deben evitar exponerse a situaciones que puedan comprometer su honorabilidad o prestigio.

Publicidad
Rincón de Lupe

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here