Defensoría del Pueblo establece un plan de prevención y de protección a víctimas de delitos sexuales

La Defensoría del pueblo quiere tomar medidas de prevención contra los delitos sexuales para proteger a todos los niños, niñas, jóvenes y mujeres de nuestro país las cuales han sido victimas de abusos y delitos sexuales.

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Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo.

La  iniciativa que fue  propuesta en la Asamblea Nacional, fue dirigida al establecimiento de la castración química y otras acciones vinculadas, abogaron por un enfoque integral, que permita como Estado generar respuestas que aborden el problema y que realmente incidan en la reducción y erradicación de estos graves delitos.

La  Defensoría considera que hay una estrategia basada en la reducción de la libido sexual de ofensores, pero esto solo detendría hasta un punto a los agresores y no los detendría de ofender, atacar a sus víctimas.

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Se basa sólo en parte del problema y no toma en consideración otros elementos de estos actos, como: la utilización del poder contra una persona vulnerable, las acciones dirigidas a humillar o degradar a otra persona, esta medida no evitaría que se repitan las condiciones que propiciaron el acto.

Por otro lado, desde la perspectiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no podemos desconocer que el Estado Panameño es signatario de diversos instrumentos internacionales, en los que se prohíbe de forma tajante la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

La castración química como sanción, ha sido considerada, por diversos organismos internacionales, como trato o pena cruel y también violatoria de la dignidad humana.

La Defensoría del Pueblo, requiere hacer un análisis para responder integralmente al tema, pero el Estado tiene que tomar parte del plan de prevención, donde se generen planes de educación sexual , así como acciones efectivas de protección de las personas que presentan mayor riesgo de sufrir estos ataques.

Igualmente, la Defensoría cree en la necesidad de darle fuerza a   las instituciones de justicia, que  garanticen las  investigaciones penales efectivas, que haya certeza de la sanción y que contemos con un sistema penitenciario capaz de rehabilitar y resocializar, tal cual lo mandatan la Ley y la Constitución Política.

 

 

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