Se busca defensor del Estado

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La Seguridad Juridica en Panamá durante la renovación de contrato con Panama Ports
Foto: AFP.

 

Ya tenemos Defensor del Pueblo, de los consumidores, de los trabajadores, incluso defensores oficiosos de las empresas, pero no existe la figura de un Defensor del Estado. Aun cuando la Procuraduría de la Administración, constituida como abogados del Estado pueden tener una misión, la misma no tiene facultades coercitivas, ni tampoco tiene facultades para de oficio iniciar un proceso en contra de empresas, inversionistas o particulares, que atenten contra los interés del Estado.

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Y esto se trae a colación por el hecho de que han estado zarandeando la famosa seguridad jurídica, para las empresas e inversionistas, olvidando que El Estado también tiene seguridad jurídica. Que muchos funcionarios que solo van por su quinquenio, donde acceden a los cargos por méritos políticos, no les haya interesado hacer respetar esa seguridad jurídica es otra cosa. Pero en todo contrato que suscribe El Estado, así como se obliga, también tiene derechos y sobre esa base, su seguridad jurídica se garantiza exigiendo el cumplimiento de lo acordado, aplicando las sanciones cuando sean necesarias y no caer en el juego de la empresa privada, que apenas los pellizcas, salen llorando, invocando seguridad jurídica.

Quien realmente tenga un compromiso de patria, entiende que no puede existir funcionarios que vienen a trabajar al sector público, proviniendo del sector privado, solo para favorecer los interés de ese sector ,por encima del interés común o general de todos los panameños, que son representados por El Estado. Un claro ejemplo es el Superintendente de Bancos, que, si bien hizo carrera en esa entidad, su discurso no es para garantizar los derechos de los usuarios del sistema, sino que va abiertamente a defender al sector bancario. De ahí que se debe legislar, que quien trabajar en el sector público, en determinadas áreas sensitivas, no podrá trabajar en el sector que regulaba por los próximos 5 años.

Alguien dirá que se atenta contra la garantía constitución del derecho al trabajo, que esta bien, pero si quieres entrar al Estado esa es la regla, sino no vengas. Porque vienen no a defender los interés del Estado y la población, sino de los particulares. Así mismo sucede con otras entidades que son reguladores, que sus autoridad esperan que le digan las empresas, para poder tomar decisiones, dejando al Estado en un estado, valga la redundancia, de indefensión total.

No podemos dejar de lado el tema de Panamá Ports, que para no desgastarnos en discusiones estériles demandamos ante la Sala Tercera de la Corte y, en donde los que debían defender los intereses del Estado, han hecho un silencio cómplice y han puesto en boca del Presidente que no se podía hacer nada, más allá que renovar el contrato, metiéndole miedo a un supuesto proceso de arbitraje. Lo cierto que el arbitraje también podía ser solicitado por Panamá, incluso si se lee cuidadosamente, hay una causal vigente actualmente, en la cláusula No 2.14.4, que señala las causales de terminación del contrato por caso fortuito o fuerza mayor y señala claramente como un evento justificante EPIDEMIAS. Y ¿que tenemos ahora?, algo peor pues ya es pandemia. Con ese solo hecho podías dar por terminado el contrato o por lo menos decirle a la empresa, tenemos reglas, situaciones, eventos y condiciones nuevas. Por ende, firmamos un nuevo contrato o se invoca la cláusula de epidemia.

Pero como el apuro y la prisa sospechosa son los elementos para analizar, y de ahí tenemos que preguntarnos ¿porque Contraloría desde marzo a diciembre del 2020 estaba haciendo auditorias y quien las pido, Si se supone la Empresa recién el 8 de Enero de 2021 solicito que se certifique su cumplimiento? O ¿Es desde la fecha de su solicitud que se hace la verificación de cumplimientos? ¿Por qué solo se verifica los supuestos cumplimientos de la empresa y no se verifico lo relativo al Estado, ya que el contrato es bilateral y ambas partes deben cumplir y recibir sus contraprestaciones? Igualmente se hace necesario preguntar ¿Cómo la Auditoria de la Contraloría puede certificar cumplimiento pleno del contrato, y no hace mención alguna que en el año 2018 se tenia que hacer una nueva revisión de costos de movimientos de carga, según el propio contrato?

Son tantas preguntas que solo el Magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, deberá evaluar con la demanda presentada y que le correspondió a él ser el ponente, de ahí que consideramos y esperamos que el tener hermanos en altos cargos dentro de la administración pública, no sea objeto de presión o amenaza, a su derecho a tener criterio propio y poder discernir, si se cumplió la legalidad en este proceso o no y si es meritorio suspender cautelarmente la decisión adoptada, sin cumplir las normas legales imperantes. Pues es una decisión que afecta al país por 25 años más, siendo después del Canal de Panamá, el enclave colonial que ha tenido el país por más tiempo, solo que esta vez ha sido por voluntad propia de un grupo de personas, reunidas en una Junta Directiva que dicen representar los mejores intereses del Estado.

Por todo esto, siempre he sido un convencido y en otros artículos de opinión he señalado que se necesita regular a profundidad, la figura de la responsabilidad patrimonial pasiva, pues si bien hay normas que hablan de la omisión de funciones, muchos funcionarios simplemente se hacen de la vista gorda, o evitan emitir comentarios para cuidar sus puestos o simplemente caen en el juego del chantaje y la coima y dejan que sucedan cosas, para que sea El Estado quien responda. Porque esos funcionarios solo llegan por 5 años, luego se van, desaparecen y no los vuelven a ver trabajando más, viviendo de los réditos de su actuaciones, en perjuicio del Estado que es el que siempre paga, como si fueran infinitos sus recursos. Así veo las cosas y así las cuento.

 

 

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