¿Qué está pasando en la Autoridad Marítima de Panamá?

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Foto: Cortesía AMP.

El actuar del administrador de la AMP está en entredicho ante la inacción por el derrame de hidrocarburos en Taboga y su supuesta cercanía a directivos de una empresa naviera sancionada en 2020.

Hace unas semanas, el país se mantenía vigilante de lo que podía pasar a la fauna marina de la isla de Taboga, a raíz del derrame de hidrocarburos en sus costas, por el que se responsabilizó a la embarcación Sea Lion.

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Ambientalistas y grupos de la sociedad civil esperaban una sanción enérgica contra los responsables de este atentando ecológico, pero lo que escucharon del Administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Noriel Araúz, distó mucho de sus anhelos.

Durante una entrevista en televisión, Araúz, hizo descargos a favor de la nave Sea Lion, señalada hasta este momento, como potencial causante del derrame de hidrocarburos que paralizó la isla turística.

El administrador absolvió públicamente a Sea Lion, aún a sabiendas que cuando se identificó el posible foco de contaminación, esa misma embarcación ya tenía a cuestas un derrame de miles de galones de bunker a las puertas del Canal de Panamá apenas un año antes, en junio de 2020.

Las acusaciones

Los ambientalistas liderados por el abogado Harley Mitchell alzaron su voz y señalaron a la empresa Sea Energy, como la responsable de que una embarcación así, en tan deplorable estado, aún permaneciera flotando frente a la bahía de Taboga llena de residuos de combustible y aceites con una estructura corroída , como evidentemente se aprecia en las imágenes publicadas a raíz de ambos incidentes.

Gabriel Fernández, presidente de Sea Energy, protestó ante las aseveraciones de responsabilidad de su empresa, y aseguró que el Sea Lion ya no formaba parte de su flota, ya que había sido transferida a una empresa de papel del mismo nombre,  Sea Lion.  Por tanto, su empresa no tiene nada que ver, palabras más o menos.

Incluso sus declaraciones fueron en la misma línea que las del administrador de la AMP, argumentando que no se podía acusar a la embarcación sin tener las pruebas.

Otro empresario supuestamente ligado al administrador es Pablo Torres, quien fue asociado de Sea Energy, y ahora también es beneficiario de una” autorización de ocupación”, otorgada por Araúz, para el muelle 8 del Astillero de Balboa, con su empresa Stward Corporation, figura que ha sido cuestionada en los medios de comunicación y es objeto de una denuncia tanto en la AMP, como en el Tribunal de Cuentas.

Borrón y nave nueva

Sea Energy fue sancionada el año pasado por incumplir las normas de la propia AMP en 2020 cuando le fue revocada la licencia por su responsabilidad en el derrame cercano al Canal de Panamá. Hoy tiene una licencia renovada, ha renovado su flota y aumentado su capacidad de trasiego de combustible, a pesar de una moratoria de la AMP actualmente vigente, motivada por el exceso de la oferta en ese mercado de suministro de bunker a las flotas que pasan por aguas panameñas.

La nave Sea Lion fue reemplazado por el buque CI Bunker 100, pero esta nave tambien tiene antecedentes:  un derrame en su registro sucedido en las aguas del estrecho de Gibraltar.

La nave es proveniente de la flota de la empresa “Peninsula Petroleum LTD”,  empresa que ya hace unos años había sido asociada  a  la “Star Tankers Bunkering” y la “Eagle Navigation” del empresario panameño, Raúl  De Saint Mallo, hermano de la ex vicepresidenta de la República, Isabel De Saint Malo; y que es investigado por su supuesta participación en el caso Odebrecht.

Según fuentes a lo interno de la AMP, empresas como Península ponen los barcos y los contactos comerciales y la empresa de turno pone el acceso, poder y a veces el dinero y súbitamente crecen en cuestión de meses como sucedió con las empresas de Saint Malo y los Martinelli.

La comunidad de negocios y los gremios marítimos miran con atención el actuar del  administrador de Noriel Araúz, con decisiones, que aseguran, no solo el mercado se ve comprometido, si no el medio ambiente y otras actividades económicas, como pasó con Taboga. Cuestionan que no ejerzan  los reglamentos y el debido proceso por igual.

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