Empresa portuaria de Colón incumple contrato con el Estado, revela Contraloría

Una inspección de la Dirección Nacional de Ingeniería de la CGR y documentos aportados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) estableció que la empresa solo ha invertido $104.2 millones, lo que representa el 16.6% del total comprometido.

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La empresa establecida en Margarita, Colón, ha incumplido las cláusulas referentes a inversiones, el canon de tarifas y de generación de empleos, según una auditoría de la Contraloría.

Una auditoría de la Contraloría General del República reveló que la empresa Panama Colon Container Port (PCCP) ha incumplido en un 83.4% el Contrato-Ley suscrito con el Estado en 2013.

En un comunicado divulgado hoy, la institución añadió que la empresa, establecida en Margarita, Colón, ha incumplido las cláusulas referentes a inversiones, el canon de tarifas y de generación de empleos.

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De acuerdo al audito de la Contraloría, la concesionaria PCCP se comprometió a realizar una inversión de $563.9 millones, de los cuales $300 millones corresponden a la construcción de tres muelles y $263 millones a otras obras de expansión portuaria.

Una inspección de la Dirección Nacional de Ingeniería de la CGR y documentos aportados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) estableció que la empresa solo ha invertido $104.2 millones, lo que representa el 16.6% del total comprometido y significa un 83.4% de incumplimiento.

En cuanto a la cláusula que establece el canon y tarifas, la empresa debió pagar hasta abril de 2021 un total de $2.8 millones en concepto de metros cuadrados de fondo de mar otorgado en concesión. Sin embargo, el Estado solo ha recibido $1.8 millones quedando un saldo pendiente de $1 millón, lo que representa un 35.4% que ha dejado de percibir el Tesoro Nacional. De acuerdo al registro, el último pago realizado por la empresa fue en 2018.

En referencia a la cláusula de empleo, PCCP estaba obligada a generar 800 empleos directos en la etapa de construcción que ya debió haber concluido. Esa cláusula también ha sido incumplida porque el concesionario solo ha contratado a 355 trabajadores, lo que representa el 55.6% de lo comprometido.

“Del mismo modo, el incumplimiento con la obligación de iniciar operaciones completamente a partir de junio, imposibilita la generación de empleos en la parte operativa proyectada de 1,000 contratos laborales”, añadió la Contraloría General de la República.

El ente fiscalizador del Estado reiteró que está en revisión de todas las concesiones portuarias “para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y el mejor beneficio para el Estado”.

Actualmente el sistema portuario nacional está compuesto por cinco concesionarios, de los cuales la empresa Panama Ports Company (PPC), operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, fue objeto de un audito de la CGR que concluyó en febrero pasado.

El audito determinó que la empresa portuaria ha cumplido en forma sustancial con todas las obligaciones que establece la concesión, como prerrequisito para su renovación automática por los próximos 25 años, de la segunda fase del contrato suscrito a 50 años.

La cláusula 2.9 del Contrato-Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, entre PPC y el Estado, estableció que una vez terminado el plazo de los primeros 25 años, que vence en enero de 2022, “se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas, de acuerdo con este contrato”.

PPC asumió el compromiso de invertir $1,000 en infraestructuras portuarias y la auditoría de la CGR reveló que la inversión superó los $1,695 millones. En 2005, el concesionario pagó $102 millones al Estado por la infraestructura recibida en los puertos de Balboa y Cristóbal, aunque tuvo que demolerla porque no era útil para el trasbordo de contenedores.

El audito oficial demostró que PPC pagó al Estado en los últimos 24 años un total de $445 millones por movimiento de contenedores y dividendos y que en ese periodo contribuyó con $5,935 millones a la economía nacional en inversiones realizadas, pagos al Estado, efectos indirectos y el valor agregado de las operaciones portuarias.

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