El escritor colombiano Juan Cárdenas, en una nota publicada por The Washington Post, reporta que “En la noche del jueves 13 de mayo, Alison Meléndez, de 17 años, se encontraba en las calles de Popayán, municipio del departamento de Cauca, grabando las protestas con su teléfono cuando fue agredida por cuatro agentes de la Policía antidisturbios, quienes posteriormente trasladaron a la joven a un centro de detención. Una vez que fue puesta en libertad, Alison denunció en sus redes que había sufrido una agresión sexual por parte de los uniformados y a la mañana siguiente, en circunstancias que las declaraciones de la Policía no ha hecho más que oscurecer, la joven se suicidó”.
Desde que comenzaron las manifestaciones el 28 de abril, señala la organización no gubernamental Temblores, se han registrado 31 muertes a manos de la policía, mil 143 casos de violencia policial y 814 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. Y el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDEPAZ) informa de 548 personas desaparecidas, 278 agresiones de la policía y 28 víctimas con lesiones en los ojos.
La conmoción es tal que Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) habla de “abuso de poder y uso desmedido de la fuerza por parte de actores estatales” y señala también “serios problemas en la protección de los derechos humanos en el uso de la fuerza pública”; mientras que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) expresa que «el terrorismo de Estado ha sido la forma en que se ha tratado de controlar la irritación del pueblo colombiano ante la precarización de la vida, la pobreza, falta de oportunidades, desempleo, corrupción, violencia estructural, las élites y los gobernantes”. Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW) coincidió en que «las graves y sostenidas violaciones a los derechos fundamentales registradas en Colombia se circunscriben a lo que jurídicamente se denomina exceso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, tanto frente a manifestantes pacíficos como violentos”.
Por todo lo anotado resulta preocupante la muestra de solidaridad ofrecida en un video institucional por parte de la Policía Nacional de Panamá a su contraparte colombiana. No sólo porque infringe el artículo 311 de la Constitución Nacional, también porque alimenta dudas y desconfianzas sobre el comportamiento de los agentes panameños en un hipotético escenario semejante al de la nación vecina. ¿Significa el video de marras que se apoya la violencia y la brutal ilegalidad con que los organismos de seguridad colombianos han afrontado a los manifestantes? No estaría demás una explicación oficial sobre tan lamentable exabrupto.
