La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
De este postulado universal se deriva el derecho de acceso a la información pública que consiste en la facultad que tiene cada ciudadano de solicitar y recibir todo tipo de información en poder tanto de entidades públicas como de personas privadas que ejerzan funciones públicas o reciban fondos del Estado. Esta información permite al ciudadano participar activamente en los asuntos del ámbito público, además de capacitarle para juzgar las actuaciones de sus representantes y aclarar responsabilidades en casos de actuaciones dudosas de los mismos.
Además de ser una herramienta importante para combatir la corrupción, la información pública en manos del ciudadano garantiza la transparencia dentro del sistema democrático. Y es está última condición- la transparencia- la que fortalece no sólo la participación, sino también las políticas y la gestión de todo gobierno que se precie de respetar y velar por sus nacionales.
Por tanto, limitar o pretender dosificar la información que llega a la masa ciudadana es una evidente violación a uno de los derechos humanos universalmente proclamados por distintas instancias alrededor del mundo, entre ellas el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969.
Llevar a cabo “conferencias de prensa” donde la invitación se limita a camarógrafos y fotógrafos a los cuales, en ausencia de otros periodistas, se les priva también del derecho a interrogar a los funcionarios presentes, es retrotraernos a viejas épocas que ya creíamos superadas y en donde primaba la censura y el secretismo. Una democracia saludable requiere de un vigoroso ejercicio de preguntas y respuestas entre ciudadanos y gobernantes; porque ahí donde se impone el silencio, sucumben inmediatamente las libertades.
