Violaciones y abortos, un nuevo capítulo en el caso de los albergues

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El desgarrador escenario descubierto tras conocerse una serie de eventos desafortunados que han puesto en el ojo de la tormenta a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y familia (Senniaf), tiene un nuevo capítulo, más aterrador quizás que los anteriores.

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La diputada oficialista Zulay Rodríguez ha dicho en una entrevista a la agencia de noticias EFE que hubo niñas que denunciaron “que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos”, una declaración que ha enfurecido aún más a diversos sectores de la sociedad.

Rodríguez quien es la presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, agregó que los abusos cometidos contra los menores en los albergues a cargo de la Senniaf eran cometidos por los internos o el personal a cargo de los niños en más de 14 albergues a nivel nacional.

La investigación iniciada por la comisión que encabeza la diputada ofcialista evidencia que los abusos se han dado durante años a decenas de niños y adolescentes que supuestamente estaban el albergues seguros bajo el amparo del Estado.

Aparentemente la Asamblea Nacional adelanta los procesos para citar ante el pleno a las titulares del Mides y Senniaf, María Castillo y Mayra Silvera, así como a las exdirectoras Idalia Martínez, Yazmín Cárdenas y Sara Rodríguez, igualmente citarán a la gobernadora de Panamá y ex subdirectora de la Senniaf Carla García.

Además, una subcomisión de la Asamblea se encargaría de citar a magistrados y funcionarios de tribunales de familias y ONGs, para indagar sobre los casos de abusos en albergues.

Mientras tanto más organizaciones, coletivos políticos y representantes de la sociedad civil exigen al gobierno una investigación transparente y que a los culpables les caiga todo el peso de la ley.

Las revelaciones de la diputada, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, profundizaron la indignación de decenas de panameños que por sexta ocasión salieron a las calles a exigir justicia para los menores abusados.

La protesta se trasladó a Plaza Edison, donde una hora antes, cerraron todas las oficinas públicas, aduciendo “razones confidenciales”.

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