En defensa de la libre empresa y la libertad económica

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Hasta ahora 22 países conforman la lista "gris", incluyendo a Panamá y Nicaragua.

 

En una sociedad libre, donde se aspira a que todos puedan desarrollar su proyecto de vida con libertad plena, sin afectar derechos ni bienes ajenos, es indispensable que se defiendan los principios de la libertad económica y de la libre empresario por medio del estado de defecho; ; ambos factores indispensables para el progreso sostenido y sostenible de un país.

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Rincón de Lupe

Se entiende por libertad económica y libre empresa cuando se respeta el derecho de toda persona a desarrollar cualquier actividad comercial sin cargas ni regulaciones excesivas, ni intromisiones del estado en la vida privada de los individuos, ni en la administración de sus empresas. Donde son imprescindibles y por ende se protege férreamente los derechos de propiedad, el estado de derecho, la responsabilidad fiscal y el crecimiento desmesurado en la planilla estatal. Está comprobado que estas medidas promueven las inversiones, el crecimiento económico, aumentan los empleos, la creación de riqueza y por ende más impuestos, lo que se traduce en mayor prosperidad para todos.

Esta es la diferencia entre las naciones que prosperan de las que permanecen languideciendo en el subdesarrollo eterno. Las que apuestan por la libertad sobre una economía socializada e intervenida tienen menos pobreza, sufren de menor desempleo, gozan de una mejor calidad y mayor esperanza de vida, además de entornos ambientalmente más saludables. No en balde los países con menores niveles de pobreza son aquellos que encabezan las listas de las economías más libres del mundo.

Aquí distamos mucho de tener libertad económica, por el contrario en los últimos años el avance intervencionista del estado sobre nuestras vidas y empresas cada día es más arrollador y asfixiante. Antes de la pandemia veníamos ya en picada en la lista de “Doing Business” del Banco Mundial bajando unos 7 puntos en el 2020, en comparación con el anterior, con un 45% de la economía en informalidad.

Es una utopía suicida pretender que el estado sea el planificador central de la economía, garante de nuestra salud, responsable de la educación de nuestros hijos y del bienestar de toda la población. Una de las mayores lecciones que nos debe dejar esta pandemia es que la planificación central por muy bien intencionada que sea traerá siempre resultados fallidos; pues su función principal – quizás la única legítima del estado- es defender los derechos y libertades individuales, de lo contrario la libertad económica y la libre empresa no pueden florecer y sin estas se cosecha solo miseria.

La grave y larga crisis económica que se nos viene encima no ha sido tanto una consecuencia de la pandemia ni del comportamiento social, sino del cierre obligado de nuestros negocios y el establecimiento de un toque de queda, de dudosa legitimidad; pruebas fehacientes de las graves consecuencias que surgen cuando el estado no tiene pesos ni contrapesos, sobre todo en la facultad de mediatizar nuestras libertades civiles y económicas. El silencio de la Corte Suprema de Justica en resolver los amparos presentados le ha dado un golpe mortal y certero al estado de derecho y ha dejado en indefensión a todo un pueblo.

Es inaceptable la clasificación de trabajadores “esenciales” y “no esenciales” por crear fueros y privilegios. En la empresa privada, donde no hay botellas, todo colaborador es esencial; para el trabajador que con su esfuerzo diario alimenta a su familia su trabajo, cualquiera que sea, es esencial pues sin él se mueren de hambre.

Con el mayor de los respetos, resulta una fatal arrogancia y total desconsideración que desde el confort y privilegio que representa el estar usufrucuando de la planilla estatal, se le impida a los miembros del sector privado llevar el sustento a sus familias y pagarle el salario a sus colaboradores por más de 10 meses.

Ya es tiempo que el sector público se suba al barco donde estamos el resto de los mortales. Es imperativo y urgente una reducción del gasto público acorde a los ingresos, sobre todo en la planilla y los subsidios cuyo costo conjunto ronda los $ 7,000MM anuales. Adquirir deuda para pagar funcionamiento equivale a hipotecar nuestra soberanía y las vidas de nuestros bisnietos. El estado también debe ser solidario.

Por último, ya es hora de regresar a trabajar. Todos tenemos el derecho de movilizarnos para poder ir a nuestros trabajos y abrir nuestras empresas. Cada día que permanezcamos cerrados seguirá aumentará el deterioro no solo la economía del país sino la capacidad de poder alimentar a nuestras familias. En un país donde se respete el derecho de sus ciudadanos a vivir en libertad, no se le tiene que pedir permiso al estado para ir a trabajar. Hay que abrir ya.

Twitter e Instagram @linaresfulo

 

 

 

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