Cambios impostergables para la administración de Justicia

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En nueve meses transcurridos desde el inicio de la pandemia, hemos tratado de avanzar con los tropiezos que afloran como consecuencia de un escenario atípico, que nos exigió a resolverlos y superarlos mientras caminamos.

Son muchos los sectores que se han visto comprometidos e impactados por el COVID-19, pero quiero referirme en este caso a la Administración de Justicia, y en especial a la labor del Abogado.

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Rincón de Lupe

El rol que desempeña un profesional del derecho en la administración de justicia, es muy singular, y me detengo a explicar ¿el por qué? Los encargados de administrar justicia aunque son abogados por su preparación académica, no ejercen dicha función, debido a que son ante quien se recurre por cualquier vulneración derechos o conflictos que desemboquen en un proceso contencioso, tal cual se desprende de nuestra Carta Magna.

En el caso Ministerio Público, ocurre algo similar a lo expresado en renglones superiores en el sentido que son abogados, pero su función es investigar y cumplir los señalamientos definidos por la Constitución. Lo que es importante destacar es que tanto el Órgano Judicial y el Ministerio Público poseen para el desarrollo de sus actuaciones el presupuesto y el poder necesario que le facilita el acceso a todo un andamiaje para hacer su trabajo, que va de los simple como es vehículos y recursos económicos hasta el acceso de tecnología empleada de carácter privilegiado de uso estatal.

Después de esta escueta aclaración en pocas palabras, que permite que el común de los panameños comprenda cómo funciona la justicia, es cuando aparece una mujer u hombre que se incorpora en este “triángulo prefecto” para defender los derechos sea del demandante o de los demandados.

Hablo de los abogados, esas personas idealistas que ven en los escenarios más difíciles la posibilidad de defender, de rectificar actuaciones violatorias, y de brindar alivio emocional a sus clientes.

Esos profesionales del derechos, que no forman parte del Órgano Judicial o del Ministerio Público, pero que sin su presencia alteraría el equilibrio legal que debe existir en cada proceso, en cada escenario legal o en cada controversia.

Los Abogados son esos profesionales, que no tienen los recursos en la mayoría de los casos para defenderlos, porque su cliente no tiene dinero, porque adolece de las herramientas tecnológicas, que puedan facilitar una mejor representación, y porque en mucho de los casos también se asumen los mismos por el sagrado apostolado de hacer justicia.

Los juristas hemos sido afectados de manera implacable, desde mucho antes de la pandemia, pues las autoridades gubernamentales han ido propiciando esto, sacando de una serie de trámites a los abogados, situación que había sido superada hace años, lo que provoca un retroceso a esas conquistas profesionales, regresándonos a 15 o 20 años atrás.

Luego, lo ocurrido con el cierre de los tribunales por COVID-19, que nos ha llevado a formar largas filas, y a exponernos aún más, sin ningún tipo de consideración.

El Coronavirus ocasiono el cierre de muchas oficinas de abogados, la reducción de personal, la recontratación de algunos letrados en otras condiciones que han tenido que ser aceptadas por éstos, para poder llevar el sustento a sus hogares.

Durante la Pandemia los abogados fallecidos están por el orden de los 25 y la cifra de los infectados es incalculable. Esta situación, nos obliga a tomar acciones claras y además concretas a corto plazo, para evitar mayores desgracias.

La necesidad de adecuar nuestra Administración de Justicia y emplear las herramientas tecnológicas, es un CAMBIO IMPORTERGABLE, que no se puede dilatar más.

El expediente digital integro es necesario, la actuación por medios tecnológicos, y los mecanismos de un código de seguridad de barra para cada abogado que cumpla la formalidad que efectúa la firma digital, y que contenga la foto, idoneidad del profesional del derecho y sus generales, sería un avance.

Somos conscientes de los recortes presupuestarios de este Poder del Estado, pero debemos optimizar los recursos al igual que al recurso humano.

Los abogados no representamos peligro para el Ministerio Público o para los Magistrados y jueces, somos un auxiliares de la justicia y cumplimos una función definida y clara señalada por la ley. Pero aún así, nos exponemos a diario, porque nuestro cliente que va desde el más humilde ciudadano hasta el más acaudalado, requiere de una representación total sin restricción alguna.

Este tema requiere atención permanente del Pacto de Estado por la Justicia, del Consejo Judicial, de los Gremios de Abogados, del Ministerio Público y de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los tiempos cambiaron, y ello nos obliga hacerlo, de la mejor manera conforme lo percibieron quienes construyeron nuestra nación, y cumplir de esta manera, las cualidades propias de la Administración de Justicia de ser gratuita expedita e ininterrumpida.

 

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ACP

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