El último clavo del ataúd

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Municipio de Panamá

En lo que toca a la Caja de Seguro Social, el proyecto de ley 311 -aprobado el pasado 13 de octubre en la Asamblea Nacional- se erige como un monumento a la irresponsabilidad política y a la demagogia en sus más lamentables niveles.

Con esta ley se establece el marco legal que permite que pacientes no asegurados puedan recibir atención y medicamentos de forma expedita en las instalaciones de la Caja.

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Aunque también apunta a compensaciones de costos por la atención y el suministro de medicinas, entre el Ministerio de Salud y sus dependencias con respecto a la CSS, el marco regulatorio por la prestación de servicios no se plantea con claridad en el documento.

Aparte de sumar un golpe financiero a las ya frágiles arcas de la institución, las obligaciones de atención que impone esta ley desmejorarían aún más el deficiente servicio ofrecido en la actualidad.

En enero y febrero de este año, el déficit de recaudaciones en la Caja fue de 23.3 y 46.5 millones de dólares, respectivamente. Para marzo, recién declarada la pandemia, esa cifra acumuló otros 69.6 millones; para dispararse en abril y sumarle 127.5 millones más a dicho déficit. Considerando que ya en el año 2018- sin la pandemia- se utilizaron 48 millones de dólares de las reservas de la institución para pagar las jubilaciones y que para afrontar el pago del segundo semestre que cubre hasta el próximo diciembre se precisan 1,200 millones, el panorama resulta extremadamente desalentador.

Como consecuencia de la crisis del covid-19, el desempleo saltó del 7% al 25%; y el empleo informal, que a principios de año figuraba en 45%, está en estos momentos en un 55%. Bajo el peso de estas cifras, no se puede esperar sino que las recaudaciones de la Caja se reduzcan aún más. Y todo esto sumado a una disminución significativa de los cotizantes que ya rondaban los 2.3 por jubilado cuando lo requerido para una situación estable es de 5 cotizantes por jubilado.

El acceso universal a la salud es un objetivo fundamental para cualquier gestión de gobierno, pero resulta contraproducente lograrlo a costa de una institución financiada con los aportes de los trabajadores. Y más incongruente que en medio de la crítica situación actual el Estado pretenda sacudirse de los hombros las obligaciones que le competen en cuanto a la prestación de servicios de salud a la ciudadanía no asegurada.

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